TRANSPORTE URBANO: UN SERVICIO PÚBLICO EN CONFLICITO

Advierto que quién suscribe estas líneas tiene una posición tomada acerca de la situación política del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Corrientes, tanto como ciudadano, como militante político, como en el ejercicio de la profesión de abogado, siendo que en los últimos años, he accionado judicialmente* contra el municipio capitalino en defensa de los derechos de usuarios y consumidores.

El transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Corrientes viene generando una enorme conflictividad social con el corpus del tejido social. Se ha operado en los últimos tiempos una importante concentración del transporte urbano en pocas manos – una monopolización -, mediante licitaciones públicas que distan de no ser ficticias o cerradas a la oferta real,  que operan con reglas de adecuación al negocio político-empresarial; habilitado por un Estado deficitario en la instrumentación y ejecución de los órganos de contralor y regulación, en ausencia de un marco normativo que disponga los medios de ejecución de las cláusulas contractuales – y de no ser así, el régimen sancionatorio aplicable - ; resultando una asignatura la eficacia de la prestación, la calidad, frecuencia del servicio,  la participación de los usuarios, cuya voz en este proceso, resulta inexistente y vituperada.

Frente a un servicio público, como se concibe al transporte urbano, resulta imperioso contar con una política pública que defina y prevea un  armonioso marco donde puedan coexistir intereses aun contrapuestos, reglas de juego claras y equitativas, donde; la cuestión económica naturalmente sea un  factor clave pero no determinante; la seguridad vial se traduzca en la desconcentración del tránsito y disminución de accidentes; la auditoria social, apele una instancia de decisión, cual valide el interés colectivo de la comunidad; la transparencia, elimine el factotum de la corrupción estatal y la contraprestación de obtención de privilegios del poder político, garantizando un servicio arreglado a derecho y acorde a los hechos.

Corrientes se convierte en foco de conflicto en razón de la administración y explotación del servicio público de transporte urbano, cuyo entramado resulta cuestionado por la políticas actuales de asignación de subsidios, el uso electoral de los mismos, el sistema de privilegios prebendarios y los aumentos tarifarios recurrentes, dejando a la parte más vulnerable, el usuario, desamparado frente a su reclamo.

Dicha conflictividad notoria, coloca en el proscenio al Poder Judicial para la defensa de los derechos conculcados, cuando el Estado municipal actuó con arbitrariedad manifiesta haciendo caso omiso a la solicitud de los usuarios a recibir condiciones de trato equitativo, mayor transparencia, y el rechazo reiterativo al acceso de la información y participación ciudadana. En ejercicio del derecho, se amparó el reclamo colectivo a  que la Audiencia Pública, prevista en el art. 48°, art. 226° de la Constitución Provincial e implícitamente en el Art. 42°  de la Constitución Nacional, eran de cumplimiento para el gobierno municipal, al igual que la propia  ley 24.240 de defensa del consumidor daba curso a nuestras pretensiones.  Tal es así, que logramos que la Ordenanza N° 5658 del 26 de abril del 2012 fuera declarada inconstitucional en primera instancia en los autos “NICOLAS PODESTA C/ CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORRIENTE S/ AMPARO”  ante el Juzgado Civil y Comercial Nº12, cual preveía una aumento del $1.90 a los $2.70.

Asimismo, su precedente, resulta la medida cautelar que obtuviéramos en noviembre del año 2010 en el marco del proceso “MOLINA ANA GABRIELA C/ CONCEJO DELIBERANTE S/ AMPARO” (Expte. 56.980), cual frenó el incremento tarifario,  al haberse vulnerado la protección de los derechos de incidencia colectiva en general y derechos de usuarios.

En los últimos días, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 hizo lugar a una medida cautelar presentada por “Usuarios y Consumidores”, ordenando a la Municipalidad de Corrientes la suspensión de la Ordenanza N° 6026/13 que había dispuesto el aumento del boleto de los $2.70 a los $3.75, con lo cual la tarifa volvía al precio anterior. Si la Justicia resuelve la cuestión de fondo a favor de los usuarios, el boleto no solo se deberá  retrotraer a los $2.70, sino que podría volver a los $1.90.

Hasta el momento, los jueces expresaron que al consumidor le asiste el derecho a la información y el derecho a que sean protegidos sus intereses económicos, como establece la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor. El primero estaría dado particularmente por el conocimiento veraz de la cantidad, calidad y precio o tarifa que se oferta, factores determinantes para la determinación del consumo (e impediría la exacción al patrimonio de los consumidores) y el segundo se encuentra condicionado al primero, pues se enarbola en la protección patrimonial que merece todo consumidor.

Las última gestión municipal de Carlos “Camau” Espínola – y la continuidad del modelo en la gestión de Fabián Ríos – manifestó un constante negativa a generar mecanismos de participación ciudadana; o transparentar la toma de decisiones en asuntos que competen a todos; por tal el reclamo de los usuarios a obtener una audiencia pública, constituye una valida herramienta que democratiza el poder;  genera un ámbito donde se efectiviza el derecho a peticionar a las autoridades los reclamos sobre el desempeño habitual del servicio. Es republicanamente saludable que el Poder Judicial ponga en vigencia estos derechos y actué cuando se han agotado las instancias administrativas y políticas.

Entiendo que el poder político y la comunidad en general deben planificar una política de largo plazo, sin remedios paliativos transitorios, que supere la actual precariedad. Urge contar con un sistema de transporte público multimodal, accesible, económico, popular, moderno y de posible instrumentación en nuestra ciudad, teniendo en cuenta la fisonomía e infraestructura urbana, la cultura social, las condiciones climáticas y geográficas, proyectando  los modelos de otras ciudades de América Latina.